
Antes de nada y para que nadie diga después lo que no se ha dicho, reconocer la vigencia en el tiempo, la validez ética y moral de estos 30 artículos, plenos de derechos, libertades, formulados bajo principios básicos de libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación; no hay duda de que ha sido y deberá seguir siendo bandera de aquellos que queremos transformar esta sociedad por otra más justa y solidaria.
Sin embargo, y una vez dicho lo dicho, al instante siguiente deberíamos reconocer que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha ido perdiendo su original intención de ser guía en la universalización de derechos y libertades fundamentales para acabar convirtiéndose en un mero papel, como otros, lleno de promesas formales, que son utilizadas para justificar las agresiones, los expolios y las políticas expansionistas de las potencias económicas, que para más inri son incapaces de aplicarlas y hacerlas efectivas en sus propios países.
Muchos son los datos para no ser optimistas con respecto a la aplicación y extensión de los derechos humanos, pongamos algún ejemplo.
No hace mucho, un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas aseguraba que el 1 % de los más ricos del planeta posee el 40% de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre solo es dueña del 1%, lo que inevitablemente ha conllevado que 1.100 millones de personas sobrevivan con menos de un dólar al día, sin techo, agua potable ni alimentación suficiente, de los cuales 11 millones de niños y niñas morirán cada año a causa de enfermedades como la malaria, la diarrea o la neumonía.

Por último, en este pequeño repaso sobre lo que nuestros dirigentes políticos y poderes fácticos no quieren recordar en sus homenajes y conmemoraciones, citar el especial padecimiento y vulneración en los derechos humanos y libertades fundamentales de la población inmigrante, con o sin papeles, colectivo especialmente explotado, marginado, segregado y humillado, población inmigrante por motivos económicos y políticos que en Europa, cada día que pasa, tiene más dificultades para vivir dignamente y en libertad gracias a leyes injustas y antidemocráticas como la Directiva de la Vergüenza que imponen nuestros dirigentes.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; toda persona tiene derecho al trabajo; toda persona tiene derecho a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales; derechos todos ellos que fueron proclamados sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

En este 60 Aniversario creo que es necesario recuperar un concepto básico del pensamiento progresista del último siglo, que no es otro que reivindicar que los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y ciudadanas, de los que conforman las mayorías sociales de los pueblos, deben estar por encima de los intereses individuales y particulares de los poderes económicos y multinacionales.
Hoy más que nunca debemos renovar nuestro compromiso activo y ético en la defensa de los derechos humanos, hoy más que nunca es necesario movilizarse y seguir trabajando, desde todas las instancias personales y colectivas, para su reconocimiento y respeto universal en otro modelo de sociedad, mientras tanto los dirigentes políticos de las principales potencias económicas, incluida la nuestra, deberían pedir disculpas por el fracaso sobre el respeto a los derechos humanos en estos 60 años y comprometerse a adoptar medidas concretas que mejoren la situación actual.